SE APROBÓ EL PRESUPUESTO 2023 Y UNA TARIFARIA CON IMPORTANTES CAMBIOS EN LAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES

Durante la maratónica sesión de este jueves, y tras un larguísimo debate, fue aprobado el presupuesto y la tarifaria 2023. Sobre el presupuesto expuso en primer lugar el oficialista Lautaro Ojeda, quien señaló que el proyecto supera los 8.500 millones de pesos y que destina un 81,44% a gastos corrientes (pago de sueldos y servicios, por ejemplo), un 18,40% a gastos de capital (obra pública) y un 0,16% a aplicaciones financieras. Los “gastos son iguales a los ingresos” y “se ha dejado de lado la deuda pública para financiar los gastos” fueron una de las primeras cuestiones que destacó el edil del Frente Unidad Justicialista.

Ojeda destacó además que en el presupuesto de este año se destinó un 73,79% a gastos de sueldos, mientras que para 2023 ese porcentaje bajará a un 47,41%, “permitiendo de alguna manera poder aplicar esos porcentajes a consumos, servicios, subsidios, bienes de capital, proyectos de inversión y todo eso”. “Esto refleja que se hace un fuerte gasto en lo que son los servicios públicos, para garantizar que los mismos sigan funcionando con la calidad correspondiente”, añadió.

Otro punto en el que hizo hincapié es que para 2023, los recursos propios municipales representarán un 40% del total del presupuesto, algo que no se observa en muchos municipios del país. “Esto va poniendo en evidencia que se empieza a observar un saneamiento de las cuentas municipales”, dijo Ojeda.

Un dato muy interesante que surgió del debate es el total de empleados y cargos que hay en la Municipalidad. Según detalló Ojeda, son 2.718 en total, divididos de la siguiente manera: 1.659 de planta permanente; 161 cargos de autoridades superior y personal de gabinete del Poder Ejecutivo; 25 de autoridades superiores para el Concejo Deliberante; 5 cargos de autoridades superiores para el Tribunal de Faltas, 5 para el Tribunal de Cuentas, y 863 carlos pertenecientes a la planta temporaria.

Esto se convirtió en uno de los ejes del debate, ya que la oposición criticó el incremento de 145 a 161 funcionarios, y de 491 a 863 los contratos a cargo de los funcionarios. “Esto implica un aumento del 65% en la cantidad de funcionarios”, dijo Guillermo Araujo, presidente de Unidos por San Luis, destacando en particular que la Secretaría de Gobierno pasa de tener 54 empleados a 119, mientras que la de Hacienda se va de 39 a 110.

“Algo inadmisible en el contexto en el que estamos”, dijo Araujo, destacando además la creación de dos nuevos organismos, el Ente Cultural y Turístico y el Ente de Noticias y Comunicación. “¿Cuál es el fin de la creación de más estructura municipal?”, se preguntó el opositor, quien argumentó que estos entes se superponen con secretarías y direcciones que ya están funcionando. “Por ejemplo, el Ente Cultural y Turístico tendrá como función la gestión y control de las tareas administrativas contables, necesarias para desarrollar toda clase de iniciativas que lleva a cabo la Secretaría de Turismo. ¿Ninguna de las 114 personas que hay dentro de la Secretaría de Turismo puede llevar a cabo esa actividad sin crear un ente desconcentrado? Lo que se logra es entorpecer el control de los fondos”, dijo Araujo.

El oficialista Alejandro Cordido fue uno de los que respondió sobre esta cuestión, señalando el crecimiento de la ciudad, su población y, por ende, los servicios que debe brindar. “La línea 147 empezó a prestar servicio las 24 horas, y pasó de 25 a 37 personas. Ahí vemos un reflejo de donde se va ese personal nuevo” dijo el concejal, quien agregó: “Estamos diciendo que hay 540 personas por turno que están dedicándose a brindar todos los servicios de la ciudad, en una ciudad que tiene aproximadamente 220.000 personas”.

A la respuesta se sumó Agustina Gatto, criticando el “oposicionismo” de, justamente, la oposición. “Hay 400 puestos de trabajo más, ¿no quieren que 400 familias de la ciudad de San Luis tengan un trabajo? Este es un presupuesto razonado, donde además no se contempla deuda. Dejemos de buscar el pelo en la leche y por favor aprendamos a realizar nuestras labores como corresponde”, disparó la concejala oficialista. “Hacienda y Gobierno tienen mayores recursos porque se centraliza el pago de lo que es la luz y el agua. Se va incrementando el personal para ir acompañando todos los servicios que se brindan”, aportó Ojeda.

Otro punto que criticó la oposición es una supuesta subvaluación de los recursos, atado a una movilidad de partidas que permite que el Ejecutivo disponga como le parezca de cualquier recurso extra que ingrese. Como ejemplo, Araujo mencionó que la tarifaria supone un aumento del 90%, mientras que el del presupuesto es del 70%.

Ojeda reconoció que hay una subvaluación, pero argumentó que se debe a que hay “que ser prudente”. “No podés estimar recursos, inflar, y después te chocás con la realidad”, manifestó.

Sobre la movilidad de partidas, que para 2023 fue fijada, de entrada, en un 30% (el año pasado fue del 100), la oposición nuevamente argumentó que es un porcentaje altísimo. “Teniendo en cuenta que el 50% es inamovible, porque va destinado a personal, del otro 50%, al 30% lo puede mover libremente y, además, si sumamos que es un presupuesto subvaluado, el excedente de recursos es de libre disponibilidad”, sostuvo el presidente de Unidos por San Luis. “No hay voluntad real de poder ir disminuyendo ese porcentaje que puede convertir al presupuesto en un cheque en blanco”, dijo el radical Javier Suárez, sumándose a esta crítica.

Ya finalizando con este debate, Ojeda sostuvo que este tema podría haber sido discutido en la comisión. “No he visto el ánimo que ha habido en otros años en querer generar contribuciones para tener un mejor presupuesto”, dijo el oficialista.

El proyecto fue finalmente aprobado por 10 votos afirmativos contra 4 negativos.

El siguiente tema a tratar fue la tarifaria para la primera mitad de 2023, llevando el valor de la unidad monetaria municipal (UMM), que es la base que se utiliza para calcular el costo de las tasas y servicios, de $8,52 a $11,21, lo que significa un 31,5% de incremento. Al respecto, Ojeda explicó que “se mantiene la estructura del año pasado” y que “no ha habido modificaciones a nivel individual, sino que se han hecho las modificaciones sobre la unidad monetaria”.

Lo más criticado por la oposición fue que el valor para categorizar a los pequeños, medianos y grandes contribuyentes no acompaña la inflación del país y solo se actualiza en un 31%. A modo de ejemplo, supongamos que para ser un mediano contribuyente, según la tarifaria actual, solo se podía facturar hasta $10. Con la nueva tarifaria, ese límite subirá a $13,10, pero es de suponer que la facturación de un comercio, manteniendo el mismo volumen de ventas, ha trepado a $18 por la inflación que reina en el país.

“Esto significa que comerciantes que eran considerados medianos contribuyentes este año, facturando lo mismo en términos reales, pasan a ser grandes contribuyentes. El importe mínimo anual también se aumenta, al pasar a ser un gran contribuyente, lo cual representa un aumento interanual del 85%, ni hablar si lo comparamos con el segundo semestre. A mitad de año, ese porcentaje de aumento real para el comerciante va a superar el 100%”, dijo Araujo.

Sobre este punto, el oficialismo no tuvo mucho que decir, y solo Cordido se animó a tocar el tema, argumentando que “venía atrasada esa categorización”, y que “no se está haciendo nada que no sucede en el resto de los municipios”.

Este proyecto terminó aprobado, al igual que el presupuesto, por 10 a 4.