EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ LA ADHESIÓN A LEY PROVINCIAL DE CIBERSEGURIDAD
El Concejo Deliberante capitalino aprobó por unanimidad la ordenanza de adhesión a la ley provincial del Plan de Ciberseguridad que sancionó el Senado en agosto del año pasado.
El edil oficialista Alejandro Cordido fue el encargado de brindar los argumentos para la adhesión a la ley provincial con el objetivo que la Municipalidad de San Luis “adopte las medidas necesarias para resguardar las bases de datos de las personas” que habitan la ciudad capital.
Es importante mencionar que la Municipalidad tiene una enorme base de datos con Sigem con más de 100.000 usuarios con cuentas activas, según datos de marzo de 2023.
Como informó La Gaceta cuando se trató en Diputados en julio de 2022, el Plan de Ciberseguridad tiene como objetivo el resguardo de los activos de la información y las infraestructuras críticas, a través de la creación de la Unidad Ejecutora del Plan de Ciberseguridad. Tiene como como misión investigar, analizar e identificar vulnerabilidades y amenazas y riesgos en el uso del procesamiento de información y transmisión de activos de información en los organismos de los tres poderes del Estado y de otras instituciones que lo requieran.
Entre otros objetivos, también debe diseñar e implementar acciones de protección de activos y e infraestructuras de críticas de información. Otro objetivo es capacitar al personal responsable de ciberseguridad de los tres poderes del Estado.
Otro aspecto del proyecto es la creación del Consejo de Articulación y Promoción para la Ciberseguridad con participación de personas de los tres poderes.
Este consejo se contempla que se integre por la persona titular de la Unidad Ejecutora, un integrante de la Agencia de Ciencia y Tecnología, un funcionario del Ministerio de Seguridad, otro de la Secretaría de Comunicación, un representante de Defensa del Consumidor, dos miembros de la Cámara de Diputados, un integrante de Senadores, uno del Superior Tribunal, una persona que designe el procurador general y dos personas de universidades públicas y privadas expertas en ciberseguridad.
Una de las funciones de este Consejo es impulsar un marco normativo complementario a este proyecto de ley y “actualizar los protocolos de trabajo de la legislación vigente”.
Una de sus principales funciones es promover campañas de “sensibilización pública sobre buenas prácticas de ciberseguridad”.
Fuente: La Gaceta Digital.
