ROBO AL PEAJE LOS PUQUIOS: PRÓRROGA DE DETENCIÓN PARA DOS IMPUTADOS Y PRISIÓN PREVENTIVA PARA OTRO

Este jueves a la mañana se realizó la audiencia de imputación de cargos contra tres acusados de robo en el peaje Los Puquios, ocurrido el lunes pasado. El Juez de Garantías N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Juan Manuel Montiveros Chada, luego de escuchar el pedido de las defensas y la acusación de la Fiscalía, resolvió hacer lugar a la prórroga de detención de ocho días solicitada para Yamil Eduardo González y Lucas Román Figueroa, y ordenó la prisión preventiva por 120 días para Oscar Atencio Salinas.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de Instrucción N° 2 Ricardo Barbeito y el fiscal adjunto, Andrés Salas, acusó a los tres hombres por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego (un hecho), en concurso real con el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego (otro hecho). Para González y Salinas la imputación es en calidad de coautores mientras que para Figueroa es en carácter de partícipe necesario. 

Además, solicitó que se les dicte prisión preventiva por 120 días y argumentó tal solicitud en la existencia de riesgo de entorpecimiento de la causa por la violencia que ocurrieron los hechos, la posibilidad de influir en los testigos y el peligro de fuga.

El defensor Oficial, Carlos Salazar, representante de Salinas, se opuso a la calificación legal y al plazo de la medida de coerción. Para el defensor público los elementos de riesgo no eran suficientes, el hecho ocurrido fue uno y no dos como lo presentó la Fiscalía, y la prueba que aún falta incorporar no lleva un tiempo mayor a los 30 días.

El juez Montiveros Chada, después de escuchar cada una de las argumentaciones, dijo que los riesgos procesales mencionados por la Fiscalía eran coherentes y que el plazo solicitado no era exagerado por lo que ordenó que se cumpla la medida coercitiva para Salinas y difirió su resolución respecto a los otros dos imputados cuando se cumpla el plazo de la prórroga. González es representado por la Defensora Adjunta en lo Penal, Eva Morel, y Figueroa por Ximena Bértoli, Defensora Oficial en lo Penal N° 3. Los acusados se abstuvieron de declarar.

De acuerdo a la acusación fiscal, las damnificadas en el primer hecho son Flavia Bueti (supervisora del peaje), y Gisela Romero (empleada), ambas en representación del Estado Provincial como ente concedente de la Estación Los Puquios, ubicada en Juana Koslay; mientras que en el segundo hecho la víctima es Carlos Luna, policía que se encontraba de guardia en el lugar.

El pedido de prórroga está amparado por el artículo 40 de la Constitución Provincial. El imputado puede solicitar por escrito, después de la indagatoria y antes de la resolución judicial, la prórroga de su detención por un plazo máximo de ocho días si estima que ello favorece a su defensa.

“El 29 de mayo, aproximadamente a la 1:20 horas, los acusados ingresaron al peaje, redujeron a Luna, le secuestraron su pistola Bersa 9 milímetros con cargador con 14 cartuchos y su celular. Luego se dirigieron hasta la oficina donde se encontraba Bueti y Romero, quienes contaban la recaudación del fin de semana largo. Allí Salinas le puso un revólver a Bueti y le dijo que le diera la plata o la quemaba. Luego ingresó González a los gritos y acometió contra la caja. Pusieron el dinero en un bolso y González y Figueroa se retiraron en una moto marca Motomel rumbo a la ciudad de San Luis. Salinas se subió en un Honda Accord y los siguió. La moto luego fue descartada en la zona del perilago del Dique Cruz de Piedra”, relató Barbeito en la audiencia de formulación de cargos.

El dinero sustraído ascendía a los $ 2.600.000, plata que correspondía a la recaudación del fin de semana largo de mayo. Respecto a las pruebas de cargo para atribuirles los hechos a los imputados, Barbeito mencionó las captaciones fílmicas de las cámaras de seguridad del peaje, los informes de la Policía Científica a cargo de la recolección de huellas en el lugar, el registro del Sistema de Inteligencia de Seguridad Provincial (SISPRO), que hizo el seguimiento a través de las cámaras del recorrido que hicieron la moto y el auto; las entrevistas a las personas involucradas y testigos; las actas de allanamientos y de detención, entre otras evidencias recolectadas hasta el momento.