EL GOBIERNO NOMBRA INDISCRIMINADAMENTE FUNCIONARIOS POLÍTICOS COMO EMPLEADOS PÚBLICOS
La administración de Alberto Rodríguez Saá pretende que sigan después del 10 de diciembre en las capas del Estado al que está convirtiendo en una “bolsa de trabajo” para sus seguidores.
Esta medida, una de las pocas que avanza con extraordinaria celeridad después del 11 de junio, configura una de las bombas de tiempo que pretende dejar Alberto Rodríguez Saá al futuro Gobierno de Claudio Poggi.
En los ministerios y organismos con sede en Terrazas del Portezuelo y fuera de la Casa de Gobierno en las dos últimas semanas se armaron listas de funcionarios que cumplen con los requisitos de “confianza y leales” y con el ADN “albertista”. La idea es que ellos permanezcan en el Estado como contratados después del 10 de diciembre. Otros que retienen contratos serán recategorizados y/o pasarán a la planta permanente.
La movida es un secreto a voces en los despachos y oficinas. El personal político que forma parte del gabinete, de los organismos desconcentrados, entes, empresas estatales y asesores fuera de escala (ex funcionarios, ex legisladores, allegados al poder) tienen sueldos que arrancan en los casi $500 mil y van más allá de $1 millón.
Fuente: El Chorrillero.
