CONCEJALES QUIEREN SABER LAS RAZONES DE LA AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL INTENDENTE TAMAYO
A través de un pedido de informe solicitaron detalles de los decretos firmados mientras no estuvo, si utilizó fondos públicos y por qué omitió comunicar la fecha de regreso.
El bloque de concejales de Unidos por San Luis presentó un pedido de informe para saber en el plazo de tres días las razones de “la injustificada ausencia del intendente Sergio Tamayo” y los decretos que se firmaron en ese periodo.
Los ediles expusieron que el jefe comunal comunicó que no estaría en funciones a partir del 18 de septiembre y que delegaba sus tareas al presidente del Concejo Deliberante, Gastón Témoli.
Agregaron a eso que según el decreto 1379-SG-2023 Tamayo retomó nuevamente sus tareas el 21 del mismo mes, pero que volvió a ausentarse desde el 25.
Los concejales de la oposición advirtieron que el jefe comunal omitió comunicar su fecha de regreso y que “aun habiendo informado su ausencia no informó si sería de más de cinco días, violando de esta manera lo dictado en el artículo 165 de la carta Orgánica Municipal, el cual expresa que ‘no podrá ausentarse por más de cinco días sin previa autorización del Concejo Deliberante’”.
En línea con lo anterior, tuvieron en cuenta que “el artículo 23 del Régimen Municipal señala que el intendente no podrá ausentarse de sus funciones sin autorización del cuerpo a menos de que se trate de razones urgentes de servicio”.
“Si bien es de público conocimiento que realizó un viaje al exterior, despierta la interrogante sobre cuál fue el motivo real para realizar dicho viaje y, si utilizó fondos públicos para solventar dichos gastos”, cuestionaron.
Asimismo, apuntaron a que el viaje de Tamayo se realizó “en medio de una situación social turbulenta, en la que los trabajadores se manifestaban, es imprescindible lograr respuestas ante la presunta irregularidad de la ausencia del por un periodo que superó el permitido por la norma y, sin contar con la correspondiente aprobación tal y como lo ordena la normativa vigente”.
Los legisladores también indicaron que el jefe comunal podría “incurrir en el delito de mal desempeño en sus funciones y/o falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Fuente: El Chorrillero
