EVALÚAN DENUNCIAR PENALMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA UNVIME

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Los candidatos electos manifestaron su preocupación por los nombramientos de funcionarios. Marcelo Sosa advirtió que el rector Rivarola y su equipo podrían estar incurriendo en varios delitos con su accionar.

Mientras los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UnViMe) continúan en alerta y movilización, el rector electo Marcelo Sosa y su compañero de fórmula Santiago Farenga evalúan denunciar penalmente a las autoridades actuales de la institución por el pase a planta permanente de algunos de sus funcionarios y otras irregularidades.

El abogado, quien fue elegido en las urnas el pasado 16 de agosto, reveló que todavía no han podido acceder a la resolución y la documentación que oficializa los nombramientos, «porque todo lo han manejado de forma arbitraria y casi en secreto», según planteó.

Por eso, todavía no conocen en detalle cuántos y cuáles son los integrantes del actual equipo directivo y los contratados que ingresarían en la lista de empleados formales de la universidad, sin haber pasado por el aval del Consejo Superior.

«De todas formas, ya sabemos que es un hecho. Por eso, el sindicato está en estado de alerta y se han adherido también los dos gremios locales que tienen representación entre los docentes», aseguró.

Sosa planteó, por un lado, que las designaciones de los cargos permanentes (que deben hacerse por concursos públicos) no son una competencia del Rectorado, por lo que David Rivarola, actual mandatario, podría incurrir en el delito de usurpación de funciones.

Además, «no cuentan con los recursos para hacerlo porque no es cierto que la Secretaría de Políticas Universitarias les haya dado los fondos. Estuvimos hace unos días con el ministro de Educación de la Nación y con el secretario, y nos dijeron que no era cierto», reclamó y agregó: «También dicen que los recursos los va a financiar el Banco Galicia, pero nos comunicamos con la gerencia y es mentira».

Al no contar con el presupuesto para afrontar los gastos de incorporar a los funcionarios a la planta, el rector electo afirmó que se pondría en riesgo el pago de los sueldos del resto de trabajadores, tanto no docentes como de profesores, lo que llevaría a la comisión de otros delitos: el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de los actuales directivos y el tráfico de influencias.

«Como abogado, colega y futuro rector, les advierto que están en una zona que puede tener responsabilidades ulteriores, aun cuando finalicen sus funciones y van a tener que responder con sus propios patrimonios», remarcó.

A menos de treinta días para el cambio de gestión, los candidatos vencedores todavía no fueron recibidos para organizar el traspaso, ni accedieron a los informes que solicitaron.

Incluso, ya descartaron realizar el acto de asunción en las instalaciones de la universidad porque no han obtenido respuestas en los pedidos.

«Están intentando enfrentar a trabajadores entre sí, a los que están contratados con los que no, y crear un clima de malestar en la institución, que también afecta a los estudiantes», reclamó.

Fuente: El Diario de la República.

Redacción

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