LA LIGA SANLUISEÑA Y LA DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS RESPONDIERON AL CONSEJO FEDERAL DE LA AFA

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Expusieron las irregularidades registradas en el club que era manejado por la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez. Sostienen que es problema legal y no deportivo.

En el inicio de la semana, el Gobierno provincial y la Liga Sanluiseña de Fútbol respondieron a la nota que había enviado el Consejo Federal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por la intervención del San Luis Fútbol Club.

A lo largo de cuatro páginas, la dirección de Personas Jurídicas, a cargo de María Lorena Domínguez, expuso al presidente Javier Trueque las numerosas irregularidades que detectaron en el funcionamiento de la entidad. Desde asambleas anómalas hasta los recursos que la propia ex presidenta giraba en su rol de secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.

Enumeraron «actuaciones como el tratamiento de renuncias de miembros de comisión directiva y la celebración de una asamblea extraordinaria el día 30 de noviembre de 2023 en donde se resuelve la modificación del estatuto social incluyendo el cambio de sede social».

Sobre ese episodio, adjuntaron un listado de «sólo 13 socios activos con voz y voto en las asambleas y 136 socios adherentes es decir que no tienen la posibilidad de participar activamente en el acto asambleario».

También mencionaron que el 14 de septiembre ingresó una nota del secretario de Deporte, Gabriel Rivero, donde hace mención a que el Ente Deporte San Luis, a cargo hasta el 9 de diciembre por Ramírez y al mismo tiempo jefa de la cartera, “ha realizado aportes económicos millonarios” y “cuando asumió el funcionario no recibió información alguna relacionada a los motivos que fundamentan esas transferencias ni descripción sobre el destino y/o aplicación”.

Asimismo, indicaron que esto derivó en una denuncia contra la ex funcionaria por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio de la administración pública.

“Desde esta dirección (por la liga) se realizó la inspección en el domicilio (para recabar información y examinar libros para conocer la situación real de la institución) declarado como sede social de la entidad, teniendo como resultado que allí no funciona ni ningún otro espacio ocupado por el mismo” y que los testigos “manifestaron que nunca funcionó un club allí”.

Y agregaron: “Que al no existir la sede social en el domicilio inscripto y desconocer si funciona, fue necesario y urgente el dictado de la medida administrativa en resguardo y protección del interés público, teniente a conocer la situación patrimonial, económica e institucional ante la posible comisión de ilícitos penales e irregularidades graves”.

Además, el organismo indicó que la intervención se produjo para “resguardar a la entidad y en el ejercicio de las facultades propias” que tenemos.

“Hay que destacar que la medida administrativa dictaminada es acorde a la gravedad de las irregularidades detectadas y la omisión o inacción por parte de un órgano de fiscalización pondría en peligro la continuidad de la vida institucional de la entidad”, argumentaron.

Por último, expusieron la intención de terminar el proceso de normalización en el “menor tiempo posible” estimado en 90 días desde el 29 de diciembre para “regularidad el padrón de asociados garantizando la participación de los mismos en el proceso eleccionario”.

Por su lado, el presidente de la Liga, Daniel Miranda planteó que si bien no tiene facultades para «impugnar, modificar y/o anular de alguna forma la decisión sobre la intervención dispuesta por el Gobierno de la provincia de San Luis», transmitió las razones de la decisión.

«Entiendo que no existen aún motivos de entidad legal que ameriten disponer una medida extrema como una desafiliación, salvo que así lo determine y ordene el Consejo Federal a lo que la Liga Sanluiseña procederá en consecuencia», sostuvo Miranda.

Fuente: El Chorrillero