Campaña: la Justicia Federal le negó al Gobierno provincial implementar planes económicos antes de las elecciones
La orden vino del Juez Federal Juan Esteban Maqueda, luego de una denuncia radicada por el Comité Electoral de Juntos por el Cambio. La medida impide la entrega de un nuevo conjunto de planes económicos, junto con la interrupción de los microcréditos de hasta $50.000.
La Justicia Federal le negó al Gobierno provincial la implementación de una serie de planes económicos, tras una denuncia de Cristian Rachid, fiscal federal subrogante en San Luis. La denuncia se originó porque la oposición considera que se trata de una «vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes».
El 20 de octubre también comenzó a regir la prohibición de acto públicos que promuevan la captación de votos en todo el país, tal como lo estipula la Cámara Electoral Nacional. La oposición puso la lupa en los anuncios del 5 de octubre, contenidos en el decreto 5959: en el mismo se explicita la ampliación del presupuesto y el aumento de la partida de recursos para la administración. Se trata de un total de $400 millones que serían entregados a los municipios del oficialismo puntano, en concepto de adelantos de coparticipación. Sin embargo, en la denuncia se apunta a que ese dinero podría usarse con fines clientelistas y proselitistas, configurando un delito electoral.
¿Qué medidas afectó la orden judicial?
La orden del juez Maqueda interrumpió la asignación e implementación de todos los planes económicos que iban a tener lugar antes de las elecciones del 14 de noviembre, ya que podrían condicionar la libre elección para los votantes de la provincia.
Las medidas cautelares impiden la implementación de un conjunto de planes económicos por $20.000, junto con la entrega de microcréditos de hasta $50.000 y la asignación de subsidios a asalariados. Todas estas medidas quedarán «congeladas» hasta después del 14 de noviembre.
