FRAUDE ELECTORAL EN SAN LUIS: PROCESARON A UN EX INTENDENTE, UNA EX FUNCIONARIA PROVINCIAL, POLICÍAS Y TESTIGOS
En 2015, vecinos de otras provincias habían realizado cambios de domicilio para sufragar en Arizona, localidad que es gobernada por una familia varias décadas. Para que votaran a su hijo, Pedro Figueroa apeló a electores golondrinas que recibían ilegítimamente licencias de conducir. Por lo delitos se prevén penas de hasta ocho años.
La Justicia Federal avanzó en una causa por delitos electorales en San Luis. El caso data de 2015 y sucedió en Arizona. La maniobra era desplegada por el entonces intendente, Pedro Figueroa, quien traía votantes de La Pampa y Mendoza para que sufragaran por su sucesor, hijo y dirigente albertista, Ariel Figueroa. A cambio les otorgaba licencias municipales de conducir.
Los Figueroa convirtieron a Arizona en un feudo que manejan hace años. Padre e hijo se van alternando en el comando de la Municipalidad de la localidad del departamento Dupuy.
La investigación que llevó adelante el fiscal Federal en San Luis, Cristian Rachid detectar 70 casos y la última novedad obedece al procesamiento de 15 de esos votantes. Pero además se suman a ellos Pedro Figueroa; la encargada local del Registro Civil, Ivana Funes; cuatro policías y otras nueve personas.
Cada uno de los ahora imputados por falsificación de documentos públicos tenía un rol clave para desplegar el ardid delictual. Pedro Figueroa les daba la licencia profesional a cambio de la promesa de voto. Funes llevaba adelante los cambios de domicilio falsos “sin cumplir con la verificación previa de los requisitos legales y reglamentarios exigidos al efecto”. Los efectivos extendían con el mismo fin certificados de domicilio falsos. Y los restantes oficiaban como testigos en certificados policiales de residencia.
“Dicha participación se reputó imprescindible, pues desde su posición y competencias a cargo del Ejecutivo municipal, organizó y configuró el marco de actuación delictivo en el que se insertó la actuación criminal de todos los electores mencionados. En efecto, como máxima autoridad local, organizó y obtuvo el aporte de los funcionarios provinciales con asiento local que igualmente intervinieron en la maniobra”, puntualizó Rachid sobre el accionar del intendente.
En el caso de Figueroa, Funes y los policías, también son investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A los electores procesados se les imputó concretamente el haber denunciado falsamente ante la respectiva oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, domiciliarse en el circuito electoral de Arizona, cuando nunca residieron ahí.
“Provocando y obteniendo de tal forma que el oficial público respectivo tomara razón e insertara en el Registro Público un falso cambio de domicilio a ese lugar, que luego fue así asentado en el Registro Nacional de las Personas y en el Registro Nacional Electoral, habilitando consecuentemente a los mencionados electores a sufragar ilegítimamente en un circuito electoral (Arizona) en el que nunca se domiciliaron”, explicó Rachid.
El fiscal Federal subrayó que “en todos los casos la motivación de dichos electores fue la obtención ilegítima de licencia habilitante para conducir vehículo automotor por parte del Municipio de Arizona”, mientras que el intendente “se vería beneficiado con el sufragio de esos falsos electores a favor del próximo candidato, que pertenecía a su familia”.
“La maniobra global, en la mayoría de los casos, contó igualmente con la participación criminal de la encargada de la seccional local del Registro Civil, quien procedió a la toma de razón de los falsos cambios de domicilio sin verificar el cumplimiento de los recaudos legales preestablecidos al efecto; así como con la participación penalmente relevante de sendos efectivos policiales, que extendieron certificados de domicilio igualmente sin el cumplimiento de las diligencias legalmente exigibles”, detalló.
En su momento, la Fiscalía imputó a 70 electores por esta maniobra. Sin embargo, muchas indagatorias no se concretaron. El impacto que tuvo el delito fue contundente. En 2015 el padrón de votantes estaba conformado por 852 personas. Así, los implicados incidieron efectivamente en la voluntad del 8% del total.
Ariel Figueroa finalmente resultó electo dentro de Compromiso Federal, en la misma lista que encabezaba Alberto Rodríguez Saá.
La investigación del ministerio Público Fiscal involucró compulsas y cruces de bases de datos, constataciones de domicilios en las provincias de San Luis, La Pampa, Mendoza y Córdoba; tareas de inteligencia durante el desarrollo de los comicios y allanamientos a las sedes de la Municipalidad y Registro Civil seccional involucrados, de donde se obtuvieron “sendos antecedentes de la maniobra”.
Por los delitos se prevén penas de hasta ocho años de cárcel, y en el caso de quienes eran funcionarios, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Ahora la intendenta comisionada es Virginia Isabel Bazán Travaglia, esposa de Ariel que finalizó el mandato el último 10 de diciembre.
Fuente: El Chorrillero
