EL GOBIERNO REMITIRÁ POR MES AL PODER JUDICIAL LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS

El ministerio de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia firmaron un convenio para el intercambio seguro de información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que continúa bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial.

El ministerio de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia suscribieron este jueves un Convenio de Cooperación Institucional e Intercambio Seguro de Información, que tiene como objetivo posibilitar que la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos —que la Provincia administra a través del ministerio de Gobierno— sea compartida con el Poder Judicial sanluiseño, en el marco de la interoperabilidad regional.

El acuerdo permitirá que la base de datos del registro se integre al sistema de interoperabilidad judicial de la Región Nuevo Cuyo de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), con estrictos resguardos de confidencialidad y acceso restringido a magistrados.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Alberto Levingston. De la firma también participaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia, José Guillermo L´Huillier, Eduardo Segundo Allende, Víctor Manuel Endeiza y Andrea Carolina Monte Riso, junto al secretario de Informática Judicial, Alejandro Flores Dutrús, quien estará a cargo de la coordinación técnica del intercambio de información entre ambos organismos.

El acuerdo se enmarca en el Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional firmado oportunamente por los Poderes Judiciales de San Luis, San Juan y Mendoza, en el ámbito de la Región Nuevo Cuyo de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), orientado a fortalecer la gestión judicial, la innovación tecnológica y la interoperabilidad de registros vinculados a la protección de derechos.

A través de este instrumento, el ministerio de Gobierno remitirá mensualmente al Superior Tribunal, por intermedio de su secretaría de Informática Judicial, la base actualizada del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La información —que incluirá datos como apellido y nombre, documento, fecha de inscripción y organismo judicial interviniente— será procesada mediante canales cifrados y con mecanismos de trazabilidad y auditoría.

Cabe destacar que las inscripciones en el Registro se originan, en cada caso, por orden de los juzgados competentes; con este convenio, esa misma información vuelve a la Justicia, ahora sistematizada y disponible para fines estadísticos y de gestión judicial vinculados a las causas en trámite.

La firma del convenio se debe a que, en la provincia de San Luis, por ley, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos depende del Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Gobierno, y no del Poder Judicial provincial como en el caso de otras provincias.

El convenio establece de manera expresa que el Registro no constituye una base de acceso público: su consulta quedará limitada exclusivamente a magistrados judiciales de San Luis, San Juan y Mendoza, y únicamente para fines vinculados a causas concretas a su cargo. Asimismo, fija un esquema de responsabilidades compartidas, deberes de confidencialidad y reserva, y protocolos de actuación ante eventuales incidentes de seguridad.